Estas variables se utilizan para calcular la tasa de recuperación, que se registra como centavos de dólar recuperados por los acreedores garantizados a través de procedimientos de reorganización, liquidación o ejecución de la deuda (ejecución hipotecaria o administración judicial).
Los cambios en los regímenes de insolvencia a lo largo de los años -ya sean motivados por crisis económicas o financieras o aplicados como parte de reformas judiciales o legales más amplias- han dado lugar a la aparición de varias tendencias y buenas prácticas.
Las buenas prácticas en muchas economías tienen como objetivo mejorar tanto la eficiencia como el resultado de los procedimientos de insolvencia. Entre ellas figuran la racionalización de los procedimientos de insolvencia, el establecimiento de procedimientos de reorganización eficaces y el fomento de la participación de los acreedores en los procedimientos.
Racionalización de los procedimientos de insolvencia
El establecimiento de plazos para los procedimientos puede aumentar la eficiencia del proceso con un certificado de quiebras/convenio judicial. Los procedimientos largos reducen las posibilidades de los acreedores de recuperar la deuda pendiente y pueden crear una incertidumbre innecesaria para todas las partes implicadas.
Los procedimientos de insolvencia eficientes aumentan la recuperación de la deuda por parte de los acreedores al dificultar que los accionistas de una empresa vendan sus activos a un precio excesivamente bajo a una segunda empresa de su propiedad.
La ley introdujo plazos y facilitó la continuación de la actividad del deudor durante el procedimiento de insolvencia. Dado que un mayor número de casos presentados entraban en el ámbito de la nueva legislación, esta iniciativa ha tenido un impacto positivo en el procedimiento, el tiempo y el resultado de los casos de insolvencia.
Establecimiento o aclaración de las normas para la apertura de procedimientos de insolvencia
La posibilidad de que tanto el deudor como los acreedores inicien la liquidación judicial o la reorganización judicial, junto con un mecanismo concreto que identifique a las partes que pueden solicitar el procedimiento y establezca un proceso formal para presentar la solicitud, así como el calendario de la misma, deberían estar claramente contemplados en la ley.
Deberían definirse claramente en la ley algunos criterios de apertura (por ejemplo: un deudor que no pueda pagar sus deudas a su vencimiento puede ser sometido a un procedimiento formal de insolvencia) y presunciones sobre la insolvencia.
Establecer procedimientos de reorganización eficaces
Las tasas de recuperación más altas se registran en las economías en las que la reorganización es el procedimiento de insolvencia más común. La reorganización tiene por objeto restablecer el bienestar financiero y la viabilidad de la empresa del deudor para que pueda seguir funcionando por medios que pueden incluir la condonación de la deuda, la reprogramación de la deuda, la conversión de la deuda en capital y la venta de la empresa (o de partes de ella) como negocio en marcha.
