Jueves, 16 Noviembre 2017 00:00

Gente sin casa, casas sin gente.

 Por Pedro Aristondo.

@elcroqe

 Si bien no hay una única definición de déficit habitacional, es ampliamente reconocido que nuestro país tiene una situación de emergencia socio- habitacional.

Desde el gobierno se han planteado cifras que oscilan en unas 50.000 viviendas de déficit (Mides, 2011), sumado a esto según datos del MVOTMA casi el 85% de las viviendas del país tenían alguna carencia cualitativa en el año 2011 . Al mismo tiempo la cantidad de viviendas desocupadas asciende a 214.000 lo que cuadruplica el déficit cuantitativo de viviendas y pone sobre la mesa el tema en cuestión: gente sin casa y casas sin gente.

 

El rumbo de la vivienda en la década progresista:

Desde la llegada del FA al gobierno se han implementado planes de vivienda quinquenales para tratar de atender esta emergencia habitacional, los cuales han tenido como principales lineamientos la relocalización y realojo de familias de asentamientos, así como una política de alquileres facilitando el acceso a garantías y el incentivo a la Inversión Privada en Viviendas de Interés Social.

En términos de acceso a garantías de alquiler una de las dificultades mas importantes se registraba en el sector joven; si bien se ha avanzado en este sentido el acceso real a la vivienda sigue siendo restringido debido a su muy elevado costo, en ocasiones más caro que una cuota para comprar una vivienda. Para contener el precio de estos es que se promovió la Ley de Vivienda de Interés Social (Ley N° 18795), pero esta fue pensada con una lógica liberal de aumentar la oferta inmobiliaria a través de la inversión privada y así bajar el costo de los alquileres y los inmuebles a través de inversión privada exonerando grandes cargas tributarias.

A más de 5 años de implementada dicha ley los alquileres han mantenido su aumento siendo inaccesibles, entonces la renuncia fiscal que hizo el gobierno no cumplió su objetivo y contribuyó a la generación de una burbuja inmobiliaria con apartamentos caros para un trabajador, que no se colocaran.

 

Nuevas perspectivas: un horizonte cooperativo

Desde IenM creemos que el estado debe ser el protagonista en la regulación del acceso a la vivienda incrementando las políticas existentes (garantías, subsidios, préstamos para recuperación y mantenimiento, etc.) así como regulando el mercado de alquileres colocando topes a los mismos, impuestos a la vivienda desocupada, impuesto al terreno baldío e impuesto a la vivienda suntuaria.

En este sentido saludamos la iniciativa de la Intendencia de Montevideo que responde al programa del FA de expropiar viviendas notoriamente abandonadas comenzando por la zona centro poniendo esos padrones, entre otros fines, a disposición de la Cartera de Tierras del MVOTMA para viviendas de interés social.

Esto último nos devuelve a la discusión de la vivienda de interés social. Como nosotros lo entendemos la vivienda social es aquella de propiedad colectiva, sin duda la herramienta del cooperativismo y en especial el de ayuda mutua es el que se bebe fomentar desde el estado, no solo por el ahorro que representa para el mismo ya que las viviendas construidas por este sistema cuestan 50% menos y son de mejor calidad que las de las constructoras, sino también porque la base de sus sistema es la solidaridad, valor que debe ser estandarte de un gobierno de izquierda.

Entendemos que para esto es necesario que exista la voluntad política de dotar de más presupuesto a la vivienda,de lo contrario solo nos quedaríamos en el discurso. La discusión está en si seguimos priorizando los beneficios al capital o si priorizamos la deuda social; de la inversión en vivienda el 30% se destina a las cooperativas (siendo este el presupuesto históricamente más alto) pero sigue siendo insuficiente ya que el presupuesto global destinado a vivienda es escaso.

Dejemos de financiar constructoras y demos a las cooperativas lo que necesitan: Tierra para construir, exoneración del IVA y prestamos con una tasa de repago del 2%.-